Que la opinión pública es fácilmente manejable, y que los medios de comunicación se mueven por intereses político-económicos, no es una cosa que yo haya descubierto. Tras el "asalto" al rectorado de la Universidad de Sevilla el pasado 8 de febrero, mucha gente ha perdido la memoria a cerca de los meses de lucha de los estudiantes sevillanos. Como acto contrainformativo, vamos a intentar hacer memoria.

El germen de la lucha: nace el CGH.

El Comité General de Huelga (CGH), es un órgano formado por los comités de huelga que nacen en las asambleas de base de las distintas facultades. El surgimiento de este movimiento viene de la necesidad de iniciar y organizar la lucha contra la LOU, ya que los órganos oficiales(CADUS), y algunas delegaciones eran totalmente incompetentes.
Se plantea como una asamblea abierta donde tengan cabida todas aquellas personas que estén en contra de la LOU y la privatización de los servicios sociales. Frente a esto, una vez que comienzan las movilizaciones, los órganos de gobierno de la Universidad de Sevilla, CADUS, profesores y PAS, se unen a la lucha, atendiendo cada uno a sus intereses particulares. Este choque de intereses se demostrará en la manifestación del 1 de diciembre en Madrid, controlada por el grupo PRISA, PSOE y sindicatos mayoritarios sumados a la lucha por meros intereses de política de oposición y captación de votos. Mientras la multitudinaria manifestación presidida por Zapatero(que había firmado el Informe Bricall, prefacio de la LOU) llegaba a la Plaza de España, una manifestación alternativa, convocada por las asambleas de base de las universidades de todo el estado era acordonada por la policía nacional impidiéndoles la marcha que estaba legalizada por la Avenida de La Coruña. Junto a las casi 30 furgonetas de la policía antidisturbios había varias ambulancias del SAMUR, ¿Pensaban que serían necesarias?.
La táctica estaba clara: las movilizaciones contra la LOU debían terminar, era la hora de la negociación. Solo unos cuantos seguirían diciendo no a la LOU.

50 días de acampada.

Desde principios de diciembre, y con el fin de no parar la lucha durante las navidades, estudiantes de la Universidad de Sevilla, organizaron un campamento en la puerta del Ayuntamiento de Sevilla. Esta acampada en pleno centro de la ciudad fue aprobada y permitida por el Alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín. La simbiosis entre el paisaje urbano, con el humo y los coches, y el campestre de las tiendas de campaña se hizo patente durante las navidades, fiestas que pasaron los habitantes de la acampada en la Plaza Nueva de Sevilla, durmiendo en el suelo, lejos de sus familiares, bajo frío y lluvia.

 

Unos ven a los estudiantes como hippies con pintas raras que están desluciendo las fiestas navideñas. Se escuchan frases como "menos acampada y más estudiar" o la ya famosa frase empleada por los sectores mas reaccionarios de la sociedad española "la culpa de esto la tienen los socialistas". Otros dan su apoyo a un grupo de personas que están ahí para protestar e informar, como hicieron ciertos sectores de la izquierda andaluza, los mineros de Aznalcóllar, cantantes y grupos de Rock, entre otros que, participan en distintas actividades que se realizaron durante los 50 días que duró la acampada. En este tiempo se pidieron tres citas con el rector de la Universidad de Sevilla Miguel Florencio y las tres fueron rechazadas. El pasado 6 de febrero la policía nacional, la policía local y los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Sevilla (LIPASAM) ponían fin a la acampada irrumpiendo en la Plaza Nueva a las 4:30 de la madrugada esgrimiendo mangueras y malas formas contra los allí acampados, que sin oponer resistencia fueron víctimas de insultos y agresiones por parte de los agentes. Es sabido que a los Cuerpos de Seguridad del Estado no se les da muy bien aquello de la dialéctica, ya que comprobaban a patadas si las tiendas de campaña estaban ocupadas. Amparándose en no se que ley impidieron a los estudiantes comunicarse por medio de los teléfonos móviles con otros compañeros, e incluso amenazaron a un periodista gráfico con el fin de que no tomara imágenes del baño de injusticia y zotal que iban a realizar. La lucha democrática era asesinada por los demócratas.

¿Democracia en la universidad?

El 8 de febrero, dos días después del brutal desalojo de la acampada, se reunía la Junta de Gobierno de la Universidad de Sevilla con carácter extraordinario. Uno de los puntos del orden del día era el análisis de las competencias de los órganos de Gobierno y actitud que se tomaría en relación con la disposición transitoria segunda de la LOU. Los estudiantes, unos cincuenta, más o menos, se concentraron en el rectorado de la universidad donde se iba a celebrar la reunión, de carácter público, con el fin de estar presente en ella para mostrar su rechazo al acatamiento de la ley por parte del rector y entregar un comunicado:

Sevilla, 8 de febrero de 2002

Reunida la Junta de Gobierno con carácter extraordinario y figurando como séptimo punto del orden del día:

"7. Análisis de competencias de los órganos de Gobierno y determinación de criterios generales de actuación en relación con la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica de Universidades".

Y teniendo presente la actitud de los órganos de gobierno anunciamos:
Que hasta que la voz de todos los estudiantes en relación con la ampliación de la L.O.U. no sea escuchada no permitiremos que se celebre ninguna de las sucesivas convocatorias de los órganos de gobierno, con el fin de evitar que se tomen decisiones de forma unilateral y se obvie el claro posicionamiento de rechazo frente a la Ley Orgánica de Universidades mostrado hasta la fecha por la Universidad de Sevilla.
Por ello, exigimos se garantice la convocatoria de una "ASAMBLEA DE UNIVERSIDAD (remitiéndonos al artículo 172 de los estatutos de la Universidad de Sevilla)", y por tanto la actuación consecuente de los órganos de gobierno, para que la resolución de la misma en cuanto a DESOBEDIENCIA CIVIL vincule a la totalidad del colectivo estudiantil de la hispalense.

Estudiantes en contra de la L.O.U.

Las intenciones de los estudiantes no era ningún secreto, ya que se convocó a todos los compañeros plagando de carteles los pasillos de las facultades. Tras las tres negativas del rector a escuchar a los alumnos, que antes señalé y que hacen patente la falta de democracia en la universidad, hay que sumar la actitud del rector ante los manifestantes:
Aumentar el personal de seguridad privada, cerrar puertas que jamás han estado cerradas para impedir el acceso a una reunión de carácter público, hacer mutis por el foro y no dar la cara ante las reclamaciones de unas personas a las que representa.
Los estudiantes allí reunidos sólo querían hacer uso de su derecho a expresarse y ser oídos. En ningún momento se agredió a nadie. Los miembros de la seguridad privada contratada por la universidad no dudaron en golpear con porras las manos que aparecían tras las puertas, ni en disparar a bocajarro con extintores, de extrema toxicidad, contra los manifestantes.
Una vez en la sala de juntas los estudiantes dirigieron sus quejas pacíficamente a los miembros de la Junta de Gobierno presentes en la sala y, tras ser suspendida la reunión, abandonaron en orden las dependencias rectorales.
Los hechos ocurrieron en dos horas, a cara descubierta y con los medios de comunicación presentes. Horas después, el rector interpuso una denuncia penal en el Juzgado de guardia de Sevilla, y en rueda de prensa afirmó que se tomarían medidas contundentes contra las personas relacionadas con los hechos y que jamás antes habían ocurrido hechos similares en la Universidad de Sevilla, considerando esto medida de peso para justificar su actuación. 5 alumnos de diversas facultades de la universidad han sido expedientados y expulsados cautelarmente, por lo que dictamina la ley de 1954 a la que se ha acogido la Universidad de Sevilla, en la que la presunción de inocencia no existe. No se sabe cual es el criterio que está siguiendo el rector a la hora de abrir los expedientes, ya que de los aproximadamente 50 estudiantes que estuvieron presentes en los hechos ocurridos en el rectorado sólo 5 han sido expulsados.

Contundencia, desproporción y represión en las acciones policiales y judiciales.

El martes 12 de febrero se producían 5 detenciones por parte de la brigada de información de la policía. Tres de los estudiantes fueron detenidos y esposados en la calle por policías de paisano, y llevados a dependencias policiales. Otro se presentó voluntariamente en comisaría con un abogado que se iba a hacer cargo de la defensa de los jóvenes y ambos fueron retenidos. Al día siguiente compañeros, amigos y familiares de los detenidos se concentraron a las puertas de los juzgados para pedir la inmediata puesta en libertad de los jóvenes. De repente, alrededor de 15 policías rodearon a los allí presentes y comenzaron a pedir los carnés. Tenían una lista con nombres y todo el que era localizado fue detenido. Esa tarde varios estudiantes que sabían que estaban siendo buscados por la policía, se presentaron voluntariamente en comisaría. En total 15 detenidos. Las siguientes horas, fueron horas de tensión para las personas que hacían guardia a las puertas del juzgado, ya que no se tenía la más mínima información sobre el estado de los compañeros. A última hora de la tarde, los abogados defensores solicitaron a la jueza que instruye el caso un hábeas corpus, medida que obliga a trasladar a los detenidos ante el juez para tomarles declaración y ponerlos en libertad si fuera oportuno. Esta medida fue desestimada por la magistrada. El jueves 14, los detenidos fueron trasladados desde la comisaría a los juzgados. Tras negarse a declarar, acogiéndose al artículo 17 de la constitución, los detenidos fueron puestos en libertad sin fianza, aunque el fiscal pedía para ellos prisión preventiva. Estas 15 personas deben presentarse los días 8 y 22 de cada mes en los juzgados. A lo largo del mes de febrero 7 personas más han sido encausadas y llamadas a declarar. En total 22 personas a expensas de juicio.

Prensa y opinión pública.

El papel que ha jugado la prensa en todo este proceso ha sido decisivo a la hora de criminalizar los hechos y a las personas que lo cometieron. El abuso de imágenes impactantes prima frente a la información veraz, y la anécdota vacía frente al análisis exhausto. Los periodistas gráficos que siguieron las detenciones llegaron a negarse a cubrir una rueda de prensa que dieron los padres de los detenidos, alegando que habían sido objeto de insultos e incluso agresiones por parte de las personas que esperaban a las puertas del juzgado la liberación de sus compañeros y familiares. Ellos se quejan de que se les increpa y sostienen que sólo hacen su trabajo, pero pisotean al que se les ponga por delante con tal de obtener la foto perfecta. Además, ¿Quiénes son ellos para determinar que actos deben cubrir y cuales no?. No tienen vergüenza ni respeto. Esta campaña mediática y represiva, no responde mas que a la intención de acabar con el último reducto de lucha contra la privatización de la educación. El gobierno ensaya formas de asustar a los "violentos" que llegarán a Barcelona esta semana, y a Sevilla en junio. No se dan cuenta que ellos son los violentos que enmascaran su política fascista y represora, bajo un manto democrático falso y se escudan tras policías y fiscales.