La mayor parte de los ciudadanos posee esa vulgar idea de que tras los infranqueables muros de las prisiones viven y se rehabilitan los <<delincuentes>>. Pero la realidad desmiente esta ingenua y tranquilizadora creencia.
En el imaginario colectivo, la figura del delincuente está representada por un estereotipo, forjado a lo largo de siglos por el Poder, al que se le atribuye todo lo negativo de uno mismo. La imagen del delincuente que todo ciudadano bien pensante tiene en mente está asociada al desalmado malhechor, violador de mujeres y asesino de niños. De este modo, al delincuente se le despoja de su humanidad; ya no se le ve como a un semejante, sino como a una subpersona, incapaz de convivir en sociedad y empujada constantemente a causar daño. Todo ello ofrece una inmejorable justificación para castigarlo, para aislarlo, para arrebatarle su libertad. La capacidad represora se confía en manos del Estado y el ciudadano puede así desentenderse del problema y mirar hacia otro lado, evitando cualquier tipo de remordimiento, tristeza o frustración.
Para personas más "compasivas" o lastimeras, se creó una variante del discurso justificatorio de las cárceles, la cual fue adoptada por muchas legislaciones de países europeos: <<Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social>>(art. 25.2 de la CE). A continuación comprobaremos que en la realidad no ocurre así.
Sólo una ínfima parte de la población reclusa se corresponde con el perfil del delincuente anteriormente descrito. A lo que hay que añadir que esta pequeña porción suele ser marginada e incluso represaliada por el resto de los presos. Objetivamente, se encarcela a los toxicómanos, a los enfermos mentales, a los analfabetos, en definitiva, se encarcela la pobreza, la marginación y la exclusión. Según un estudio de ENLACE en colaboración con el Defensor del Pueblo, más del 80% de los presos andaluces padecen problemas de drogodependencias, algunos de ellos son enfermos terminales de VIH/Sida. La gran mayoría ingresa en prisión como consecuencia de su adicción a drogas ilegales (y por lo tanto, caras y adulteradas), heroína y cocaína principalmente. Huelga decir que, excepto raras excepciones, pertenecen a las capas más pobres de la sociedad. Lejos de rehabilitar -personal, sanitaria o socialmente-, la cárcel agrava con contundencia los problemas del que entra en ella. La cárcel introduce a la persona en un mundo de marginalidad, pobreza y exclusión.

A nivel personal, se produce el <<proceso de prisionización>> , esto es, la pérdida de identidad individual y la adquisición de la identidad de preso, colmada de inseguridad y desconfianza, que se traduce en apatía, conformismo, violencia, agresividad,...
Desde el punto de vista de la salud, la cárcel es un foco de transmisión de enfermedades infecciosas, acelerándose el deterioro en los casos de aquellas personas que padecen VIH/Sida. Además, la existencia de drogas de muy mala calidad, en ocasiones altamente adulteradas, supone un riesgo añadido no sólo para la salud, sino para la propia vida de los reclusos.
A nivel social, la cárcel marca indeleblemente a la persona. La privación de libertad acentúa la inadaptabilidad del cautivo, a quien ya se le ha dado "muerte social". <<Es absurdo pensar que un medio físicamente cerrado y psicológicamente alejado de la sociedad a la que se pretende incorporar, pueda socializar, y aún menos teniendo en cuenta que, en muchas ocasiones, nos encontramos con personas que nunca han estado integradas en la sociedad>> . Por lo general, tras el excarcelamiento, las personas presas se encuentran estigmatizadas, rechazadas y sin recursos, todo lo cual, sumado a la ausencia total de alternativas, conduce a éstas al círculo vicioso "cárcel-calle-delito-cárcel-calle-delito...".
Por lo tanto, la cárcel tiene una función meramente represiva. Así lo demuestra, por ejemplo, la desproporción existente entre la inversión que se realiza en recursos de seguridad frente a la que se realiza en los recursos de tratamiento, así como la progresiva implantación de macrocárceles. Según datos extraídos del estudio de ENLACE, el número de funcionarios de seguridad en las cárceles andaluzas es de uno por cada cuatro presos, mientras que la proporción respecto a los funcionarios de tratamiento es de uno por cada 38 presos, y de un funcionario de enfermería por cada 53 presos.

El Estado dicta leyes y organiza la sociedad de tal forma que asegure su perpetuación. Su razón de ser radica en el mantenimiento de un orden social básicamente desigual. Desigual en todos los sentidos: social, económico, político, sexual,... Y para conservar este sistema injusto y desigual, debe hacer uso de la violencia y la propaganda. La violencia en forma de fuerzas de seguridad, prisiones, siquiátricos, ejércitos, impuestos y demás imposiciones; la propaganda en forma de escuelas, medios de comunicación, relaciones de poder y de trabajo. Como apunta el lingüista y politólogo norteamericano Noam Chomsky, <<la propaganda es a la democracia lo que las porras a las dictaduras>>. La propaganda contribuye con éxito a que la realidad de la violencia estatal quede oculta, imperceptible.
<<La cárcel sirve para justificar el aparato represivo del Estado, utilizándose como instrumento de aislamiento de aquellas personas que distorsionan la "paz", ocultando de esta forma la "conflictividad social">> En efecto, el delito por el que hay más condenados es el robo. Y el robo, en la mayoría de los casos, está motivado por la necesidad y la escasez. Es por eso por lo que la población reclusa está formada por personas pobres y/o toxicómanas.
Para que el Estado y sus desigualdades sobrevivan es necesario condenar a un amplio segmento de la sociedad a la miseria y al olvido. El problema es que este segmento de la sociedad se va haciendo cada vez más y más grande, y llegará un momento en que sean más los que se encuentren dentro que fuera de las cárceles.


A continuación nos hacemos eco de un comunicado de algunos presos de Puerto I.

M A N I F I E S T O

Los presos abajo firmantes, desde la cárcel de Puerto I y a raíz de las noticias que han circulado por diferentes medios de in-comunicación (prensa local y regional, T.V....) de la Comunidad andaluza en relación a las "I Jornadas de Integración Cultural", que se han celebrado, dentro d ela prisión, durante la semana del 17 al 21 de febrero. Organizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, área de "Bienestar social", queremos expresar lo siguiente:

1º.- No vamos a entrar a valorar el contenido de dichas "jornadas..." enmarcadas en el plano "resocializador penitenciario", ya que dudamos de su utilidad para el preso. Lo que si queda claro y bastante, es la manipulación a la que ha sido sometida dicha actividad, por parte de la administración carcelaria.

2º.- Es evidente que dichas "jornadas..." y su posterior tratamiento mediático - informativo, lo único que de verdad pretendían, era "lavar" la imagen del C.P. Puerto I y de sus "trabajadores" (carceleros). Con la ayuda, en la mayoría de los casos, inconsciente, en cuanto a los fines de la administración, de ALGUNOS presos, y de colectivos implicados en la "defensa de los derechos humanos" estos últimos no tan inconscientes.
No podemos olvidar que en este matadero penitenciario y tan sólo en el año 2000, se acumularon más de 1500 denuncias y quejas ante juzgados, instituciones u organismos estatales, por torturas y violación sistemática de los derechos humanos de los aquí encarcelados. Denunciamos en este mismo sentido que jamás son investigados por el estamento judicial en conveniencia con el aparato carcelario, y que por lo tanto siguen manteniendo el estatus de impunidad para los ejecutores de estos actos.

3º.- Así mismo DENUNCIAMOS, la presencia en este centro carcelario, de los representantes del Foro Social de Jerez y de colectivos como: Amal Esperanza, Derechos Humanos de Cádiz, Cardin Trille, y Cruz Roja, así como la presencia a título individual de abogados y periodistas. Estos colectivos (no entendemos por qué, quizás debido a la desinformación en temas de prisiones) con su participación en esta mascarada carcelaria, lo único que han aportado es LEGITIMAR la política exterminadora del Ministerio del Interior, en el contexto carcelario, y de paso servir como "balón de oxigeno" a una administración carcelaria (la del Puerto I) totalmente enfangada en la dinámica represiva-exterminadora.
Pedimos a estos colectivos, organizaciones e individualidades presentes en actos de este tipo, que debieran negarse a ser instrumentalizados por la rama carcelaria del Estado, aunque imaginamos, tal y como están las cosas, que estos "abanderados de los excluidos", como se suelen autodeterminar, aceptan gustosos dicha instrumentalización con tal de conseguir sus fines (subvenciones, trabajos en la administración estatal, clientelismo político...). Está claro que la prostitución de la solidaridad es un fenómeno muy extendido en el ámbito de la sociedad actual y que reporta pingües beneficios de todo tipo.

4º.- ante hechos de este tipo, tan sólo nos queda expresar nuestra repulsa y proclamar: LA REINSERCIÓN HOY DÍA EN LAS CARCELES DEL ESTADO FASCISTA ESPAÑOL, ES UN MITO Y CONSTANTEMENTE SE VE SUPLANTADA EN LA REALIDAD, POR LA REPRESIÓN Y ANIQUILACIÓN PURA Y DURA.

Ni F.I.E.S., ni 1er. Grado.

Excarcelación de l@s pres@s con la 3/4 partes de la condena cumplida o con 20 años cumplidos.

Excarcelación de l@s enferm@s con padecimientos incurables.

Cese de la dispersión y el desarraigo social y familiar que la misma provoca.

Cese de las torturas y de la impunidad de l@s torturadores/as, propiciada por el estamento judicial.

No a las leyes de Cadena Perpetua que se quiere instaurar en el Estado Fascista Español.

Presos de la cárcel Puerto I
Pedro Lemus Magariño, Jesús Cabrera García, Roberto Vervuy Sánchez, Luis Díaz Alcón, Cesar Ruiz Beltrán, Javier Gallardo Quilis, Antonio Jiménez Jimenez, Antonio Juan Sotillo, Jacob Santamaría Ramírez y Juan Carlos rico Rodríguez.