En la madrugada del pasado domingo tres de febrero, en plena celebración del Carnaval gaditano, numerosas personas se encontraban en la plaza de la Cruz Verde disfrutando de la fiesta en un ambiente distendido y relajado. Alrededor de las cuatro de la mañana irrumpieron en la plaza unos diez policías locales que, sin mediar palabra, desalojaron a los allí presentes de forma violenta y abusiva. Joaquín Bustamante intentó grabar con su móvil la actuación de la policía local pero ésta le arrebató el teléfono. La intervención policial en la Cruz Verde se saldó con la detención de Anxo Bastida, por intentar entablar un diálogo con los agentes, además de una decena de heridos. Otro joven resultó también detenido por el presunto lanzamiento de una botella.

Seguidamente, las personas contusionadas se dirigieron al centro de salud del Olivillo para realizar los correspondientes partes de lesiones. Mientras esperaban a que les viera un médico de guardia aparecieron de nuevo los agentes de la Policía Local, que obligaron por la fuerza a abandonar el ambulatorio a los allí presentes. Allí fue detenido Joaquín, tras ser reconocido por los agentes como el joven que había grabado la escena de la Cruz Verde.

Tras las detenciones, Anxo y Joaquín fueron conducidos a la comisaría de la policía local, donde se encontraron con el otro detenido, al que no conocían. Sobre las siete de la mañana los llevaron al hospital Puerta del Mar para realizar por fin el parte de lesiones, un trámite que tenía que haberse realizado antes de ir a Comisaría. Después, tras otras veinticuatro horas incomunicados y privados de libertad en los calabozos de la Policía Nacional, fueron trasladados a los Juzgados de San José donde, a través de un juicio rápido, se les propuso aceptar los cargos de atentado a la autoridad a cambio de rebajar la pena de prisión de un año a ocho meses, planteamiento que rechazaron ante su evidente inocencia. El tercer detenido aceptó reconocer los cargos. Actualmente, Anxo y Joaquín se encuentran a la espera de juicio.

Contextualizando estos hechos en las fiestas de Carnaval, una tradición popular en la que ciento de miles de personas toman la calle para divertirse y contemplar desde otro punto de vista los problemas cotidianos y el panorama político-social, resulta aún más llamativa la represión ejercida sobre la ciudadanía contra el libre uso de los espacios públicos. Desde la aplicación de la ley antireunión y con la excusa de los problemas generados por el botellón se concede a los cuerpos de seguridad un amplísimo margen de discrecionalidad que convierte de facto a los agentes de Policía en jueces de calle. El resultado: la escalada de detenciones ilegales, acusaciones falsas y abusos por parte de los cuerpos de Policía, y muy en especial el de Policía Municipal, del que venimos siendo testigos en Cádiz y otras ciudades de Andalucía.

Las personas a quienes se encomienda el ejercicio del poder, como los agentes de Policía, son, precisamente, personas, y en ocasiones cometen errores. Esta idea puede resultar perturbadora para algunos; empeñarse en negarla, sin embargo, no sólo resulta ingenuo sino también peligroso. Los abusos de poder existen y probablemente existirán siempre, pero la respuesta que damos ante ellos depende de cada uno de nosotros. El esfuerzo por una sociedad justa y segura es responsabilidad de todos.